Expertos del sector de la construcción urgen a simplificar trámites, unificar normativas y acelerar la financiación para evitar que el Código Técnico de la Edificación quede "absolutamente hueco".
La pregunta clave a distribuidores, fabricantes y promotoras que protagonizó el último bloque de la mesa redonda sobre construcción industrializada organizada por C de Comunicación fue qué rol debe jugar la administración pública y las asociaciones sectoriales para favorecer este desarrollo.
El evento fue patrocinado por Bosch, Grupo Puma, Quilosa, Soudal y Saint-Gobain y tuvo lugar en las oficinas de C de Comunicación de Madrid.
El mercado de la construcción industrializada en España, aunque incipiente, ha demostrado un potencial de crecimiento exponencial, pero su desarrollo está siendo frenado por la lentitud y la complejidad del marco normativo y la ausencia de financiación adecuada.
Simplificación y financiación, los pilares del cambio
La necesidad primordial de la administración pública es avanzarse y simplificar. Según los participantes, el gobierno debe “allanar el camino”, ya que el problema que la industrialización busca resolver, como la escasez de mano de obra, es estructural y de país.
En este sentido, se criticó que el Código Técnico de la Edificación (CTE) se encuentra desactualizado y no recoge los sistemas constructivos modernos dentro de su “ábaco de productos”. Según la distribución, esto deja el código “absolutamente hueco” y obliga a las empresas a asumir altos costes para validar nuevos sistemas. Se estima que preparar una producción nueva y obtener un certificado técnico conforme puede costar entre 100.000 y 150.000 euros, una inversión que no todos pueden permitirse antes de lanzar el sistema al mercado.
Además de la simplificación normativa, el sector clama por abordar la ley de financiación, considerada como perteneciente a otra etapa del país. Los ponentes coinciden en que si no se encuentran “diferentes maneras de hacer las cosas”, los números no salen, lo que impide que los inversores pongan el capital necesario.
Si bien se ha escuchado en foros que los grandes bancos como Santander o BBVA han prometido un producto específico para la construcción industrializada, la pregunta sigue siendo “cuándo” se materializará, dada la lentitud habitual de las entidades bancarias.
Otro obstáculo crítico es la falta de homogeneidad en la regulación a nivel autonómico y municipal. Las diferencias en las regularizaciones urbanísticas entre comunidades autónomas o ayuntamientos son un “freno” para escalar proyectos.
La necesidad de estandarizar determinados aspectos de la normativa se considera clave. Aunque se reconoce que no todas las normativas pueden ser iguales (por ejemplo, las necesidades térmicas varían entre los Pirineos y Madrid), hay demasiadas diferencias en regulaciones básicas que complican la labor.
Colaboración público-privada como vía de escape
Pese a las dificultades, la colaboración público-privada se ha señalado como el modelo a seguir para lograr avances significativos.
El ejemplo más elogiado es el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que ha promovido activamente la colaboración para acceder a proyectos que de otra manera serían inviables. Este tipo de iniciativas son vistas como una “vía de escape” para minimizar el problema de la vivienda, e incluso están siendo promovidas en otras comunidades autónomas. Es crucial que estos pliegos y proyectos incluyan explícitamente aspectos de construcción industrializada y sostenibilidad.
De hecho, la relevancia de la industrialización se está reconociendo a nivel político; se han aprobado estrategias de vivienda en varias comunidades autónomas (Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Cataluña) con miles de viviendas planificadas que deberán ser industrializadas.
Finalmente, aunque los fondos europeos PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) son una realidad, el sector lamenta que su materialización sea “muy lenta”. Sin embargo, la preocupación ciudadana por el tema de la vivienda está obligando a las administraciones de diferentes signos políticos a ponerse de acuerdo.
Asimismo, los asistentes coinciden en que si bien la administración está llamada a actuar como “puente” y promover la colaboración, existe el riesgo de que, si se espera un “marco normativo” perfecto, el avance se detenga. El consenso apunta a que la industrialización avanzará, pero requiere un esfuerzo concertado para regular, desregular y optimizar los procesos.
