El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo PERTE para el sector de la construcción, “destinado a modernizar e innovar en el sector de la construcción y también a su industrialización”. El anuncio lo ha realizado esta mañana, durante la clausura del Foro ‘Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar’.
Según ha explicado Sánchez, este PERTE “de las viviendas” tiene como objetivo también “impulsar la construcción modular, para poder construir casas en menos tiempo, con menos coste y mayor sostenibilidad”. El PERTE estará localizado geográficamente en Valencia, para “la reconstrucción del tejido económico y social afectado por la DANA y también para generar un valor añadido en la Comunidad Valenciana, pero sobre todo en toda España”, ha afirmado.
Este PERTE se enmarca dentro de las doce medidas que el Gobierno pondrá en marcha para tratar de atajar el actual problema de la vivienda. En su presentación, el presidente Sánchez ha destacado que, en la última década, “los precios medios de la vivienda en Europa han aumentado una media de un 48%, casi dos veces más que el crecimiento de la renta de los hogares”. El presidente ha calificado a la vivienda como “el mayor problema de las clases medias y trabajadoras de Europa y España”, y ha señalado que constituye un “obstáculo para la emancipación de los jóvenes”.
Impulso de la vivienda protegida y reforma de la Ley del Suelo
Otras medidas que ha destacado Sánchez son la transferencia de 3.300 viviendas y de dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva Empresa Pública de Vivienda para impulsar los hogares en alquiler asequibles, y la puesta en marcha de un mecanismo legal para que esta empresa pública tenga prioridad en la compra de viviendas y suelo, al mismo tiempo que se garantice que toda vivienda construida con fondos públicos mantenga la titularidad pública.
El Gobierno también trabajará en la promoción y construcción de viviendas asequibles a través de la colaboración público-privada e impulsará la reforma de la Ley del Suelo “para facilitar la seguridad jurídica que todos los actores del sector de la construcción nos están pidiendo”, ha afirmado Sánchez.
