El nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 multiplica por cinco la inversión total, hasta 7.000 millones de euros para el periodo. Este gran incremento inversor no tendrá efectos multiplicadores evidentes en la actividad porque, si bien aumenta de forma enorme la inversión respecto al plan anterior (y todos los anteriores), éste último plan se vio regado por los fondos NGEU. Por lo tanto, el importante esfuerzo presupuestario que debemos reconocer, por sí solo tendrá una limitada capacidad extra de generación de actividad.
Ese empuje añadido podría venir del plan europeo de vivienda asequible. Un plan que podría crear los instrumentos (económicos y administrativos) suficientes para impulsar la actividad y, como consecuencia, tratar de reducir el gran problema social que recorre Europa: la inaccesibilidad de la vivienda. Un problema que en España es si cabe mayor a medio plazo y que representa el principal problema para los españoles.
No obstante, no cabe esperar ninguna medida concreta de esta compleja iniciativa antes de 2027. Y no podemos olvidar el difícil escenario en el que estamos inmersos en Europa materia de seguridad y las implicaciones que todo ello puede tener en la asunción de prioridades.
Como mucho se escribe sobre la urgencia de generar oferta en materia de vivienda nueva, me centraré en el capítulo de rehabilitación.
Por desgracia la vivienda representa un problema que, a mi modo de ver, va a perdurar durante muchos años. Hoy vemos cómo los titulares se focalizan en la gran dificultad de tener acceso a una primera vivienda, en cómo el déficit crónico de vivienda rompe la planificación vital en especial de generaciones jóvenes. Pero mañana, y me refiero a la próxima década, cabe esperar que estos titulares estén dirigidos al reto que representará el sostenimiento del parque edificado, precisamente porque no se ha actuado a tiempo. Me refiero al parque de edificios que fue levantado durante el desarrollismo, y que no sólo requerirá de inversión de los propietarios para garantizar la estabilidad del edificio, sino de los municipios para, en algunos casos, evitar la degradación del entorno urbano situado en el corazón de las ciudades.
Por este motivo la vivienda ha dejado de ser un problema circunstancial para convertirse en una cuestión estructural. Una cuestión de Estado. De ahí el gran impulso en la dotación económica del nuevo Plan de Vivienda. Una dotación tan importante como insuficiente. Y tampoco nos podemos engañar: un problema labrado durante más de una década, como es el del desequilibro entre oferta y demanda, no se puede solucionar en un puñado de años. Un problema labrado durante décadas, como es el desequilibrio entre envejecimiento del parque y su tasa de renovación, es el que nos puede explotar a lo largo de la próxima década.
Alrededor del 30 % de los 7.000 millones de euros presupuestados del Plan se dirige a actuaciones de rehabilitación a través de diferentes líneas. Pero en todo caso, la clave está en eficiencia energética, sostenibilidad (incluidas ayudas para reducir exposición a radón y eliminar amianto, pero también reciclabilidad) y accesibilidad en el interior de las viviendas en especial. He hecho mención al factor reciclabilidad porque abre una oportunidad que apenas un puñado de empresas de distribución en España la está viendo. Ser los “puntos sigre” de la construcción. Una oportunidad que sólo puede ser desarrollada de forma organizada y colaborativa para que el valor sea capitalizado por la distribución y no por terceros.
Ya tenemos un nuevo y ambicioso Plan de Vivienda, pero creo que sigue pendiente repensar cómo se estructuran las políticas, en especial rehabilitación, entre las diferentes administraciones y los propios ministerios. Muchos años después todo sigue igual, o eso parece. Por lo que volvemos a tener un marco regulatorio excesivo, dividido y desestructurado, por tanto ineficiente. Ayudas que tienen un mismo fin se encuentran diseminadas entre administraciones (ministerios) y planos administrativos (estado, CCAA, provincias y municipios) no ayudan a favorecer la simplicidad del modelo, y hacerlo accesible a la ciudadanía. Finalmente, el marco debe ir mucho más allá de las ayudas y las subvenciones cuyo papel es muy limitado y claramente insuficiente ante el reto al que nos enfrentamos.
Un programa de incentivo a la rehabilitación debe ir acompañado de amplios paquetes de financiación privada. Esto es, con medidas colaterales que generen incentivos a las entidades financieras para que apuesten de modo más decidido por las actividades englobadas en la rehabilitación. Y como gran eje tractor, contar con medidas fiscales en diferentes planos:
- Deducción fiscal para los usuarios que realicen mejoras en sus viviendas, siempre que cumplan los requisitos del plan, o bien estas obras surjan motivadas por la realización de un ITE. Esta medida es crítica por su enorme potencial ya que acerca la toma de decisión, y la calidad final a cualquier hogar, ya que fija una barrera a la economia sumergida.
- Incentivos fiscales para empresas de la construcción tengan más de 10 trabajadores. Esto es fundamental para fomentar la calidad y las buenas prácticas a todos los niveles. Pero también para fomentar el desarrollo profesional del gran número de profesionales llegados de terceros países.
- Crear un marco de buenas prácticas en materia de reforma y sostenibilidad que llegue a todas las capas de profesionales y usuarios. La reforma orientada a la calidad es la gran asignatura pendiente de las administraciones, no para regular, sino para fomentar cualitativamente ya que es la puerta de acceso de muchos profesionales al sector, y fomentar su buen hacer es fomentar el desarrollo de la propia oferta en el mercado.
La rehabilitación necesita algo más que planes, requiere planificación. Porque solo con visión de largo plazo se generará una auténtica cultura de rehabilitación. Y planificación requiere de acuerdo, de visión compartida sobre el camino a seguir con independencia del color de la administración. Requiere acuerdo a nivel estatal.
Hay, por último, un límite que ningún plan puede ignorar: la capacidad real de ejecución. El sector sigue condicionado por la escasez de mano de obra cualificada, el envejecimiento de los oficios y la falta de relevo generacional. La edad media de los trabajadores de la construcción se sitúa prácticamente en los 47 años, y esta restricción ya opera como freno tanto en obra nueva como en reforma y rehabilitación. Es decir, no solo importa cuánto presupuesto se moviliza, sino si el sistema productivo puede absorberlo con eficacia.
Por eso, el nuevo Plan Estatal de Vivienda puede ser una oportunidad real, pero no automática. Tiene aciertos de enfoque, reconoce el peso estratégico de la rehabilitación y sitúa sobre la mesa instrumentos potencialmente útiles para ampliar oferta, mejorar el parque residencial y activar actividad económica. Pero su éxito dependerá de si logra convertirse en algo más que una suma ambiciosa de partidas, sino de voluntades y proyectos, entre ellos tomar en consideración la propia iniciativa privada debidamente organizada.
