La patronal del sector defiende el concurso frente a la subasta como fórmula para garantizar transparencia, eficiencia y libre concurrencia en la contratación pública.
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha vuelto a alzar la voz contra el riesgo que supone que el criterio del precio más bajo se convierta en el elemento determinante de las licitaciones públicas.
Según advirtió su presidente, Pedro Fernández Alén, este modelo no solo compromete la calidad y la seguridad de las infraestructuras, sino que además puede derivar en un mayor gasto público a medio y largo plazo.
La patronal insiste en que el concurso debe seguir siendo el sistema de referencia en la adjudicación de obras, ya que permite evaluar las ofertas de forma integral, incorporando criterios técnicos, sociales, medioambientales e innovadores.
Frente a la subasta, donde la adjudicación recae prácticamente en quien ofrece el menor importe, el concurso genera una trazabilidad documental que dificulta las prácticas colusorias y refuerza la rendición de cuentas.
El peligro de las “bajas temerarias”
La CNC recuerda que las adjudicaciones basadas exclusivamente en el precio favorecen la aparición de ofertas “temerarias” o económicamente inviables, que a menudo desembocan en retrasos, sobrecostes o fallos en la ejecución de los proyectos. “Lo que parece un ahorro inmediato puede convertirse en un gasto mayor y en un servicio deficiente”, subraya la organización.
Para evitarlo, propone reforzar el uso de criterios objetivos más allá del precio, como los descuentos sobre tarifas oficiales, la eficiencia energética certificada, la durabilidad de los materiales, la reducción de costes de explotación o las mejoras en los plazos de ejecución y mantenimiento.
Asimismo, destaca la utilidad de los denominados umbrales de saciedad, que penalizan las ofertas excesivamente bajas y promueven un equilibrio entre coste y calidad.
Reforma pendiente y fondos europeos en juego
En un contexto marcado por la posible reforma de los pliegos de contratación, la CNC reclama un modelo “inteligente y responsable” que garantice la libre concurrencia y evite el abuso de los encargos a medios propios por parte de las administraciones, práctica que la patronal considera una de las principales amenazas para la competencia real.
Fernández Alén ha sido tajante: “España no puede permitirse el lujo de malgastar la oportunidad que nos ofrecen los fondos europeos en modelos de contratación ineficientes o en atajos que eluden la competencia. Es el momento de apostar decididamente por la calidad, la transparencia y la libre concurrencia”.
